Vanguardia antipsiquiátrica (cuento) - Martín Rabezzana

 -Palabras: 3.402- 

   Los integrantes de la ONG: “Alianza Contra la Coerción Psiquiátrica y Psicológica”, tras la victoria judicial notable de los querellantes y la fiscalía lograda en contra del psiquiatra Ricardo Togliavita (que había actuado según el protocolo psiquiátrico), que derivó en una condena en su contra sin precedentes en el mundo, se sintieron enormemente esperanzados ante la posibilidad de que nuevas imputaciones a psiquiatras llevaran a más procesamientos y condenas y que esto resultara, en algún momento, en una abolición total de la coerción psiquiátrica, sin embargo, los meses pasaron y nuevas imputaciones contra psiquiatras fueron realizadas por sobrevivientes de la psiquiatría, cuyos abogados fueron provistos por la alianza ya mencionada, sin que se pudiera pasar de la instancia de la declaración indagatoria, ya que en todos esos casos, los jueces habían dictado el sobreseimiento o la falta de mérito, que impidieron que los psiquiatras fueran llevados a juicio, de ahí que hubiera que buscar urgentemente casos cuyas derivaciones fueran tan importantes, que pusieran una presión moral (y hasta política) en los jueces, que les impidiera mantenerse indiferentes ante la cuestión, ya fuera por motivos de empatía personal, o por considerar que de atender los reclamos de los querellantes, sus carreras serían impulsadas, por los mismos estar relacionados con una causa sensible para la opinión pública argentina.

   El plan tuvo éxito, y así fue que varios psiquiatras fueron imputados por daños a la salud integral de sus “pacientes”, privación ilegítima de la libertad, instigación al suicidio y más cosas, hechos que, por su gravedad y realización con la participación del estado (y muchas veces por orden del estado mismo), llevaron a los acusadores a que la imputación realizada contra ellos por sus acciones lesivas contra las personas, fuera por DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

   Si bien la mayoría de los juzgados dictó el sobreseimiento de los muchos psiquiatras imputados por dichos imprescriptibles delitos, y los que sí fueron juzgados, lo fueron por delitos menores, uno de ellos, en la provincia de Mendoza, dictó el procesamiento de una psiquiatra por los mencionados delitos, constituyendo un nuevo hito en la historia antipsiquiátrica mundial.

   La decisión tomada por un juzgado (juzgado que, como todos los demás, SIEMPRE “trabaja” en colaboración con profesionales de la psiquiatría) de juzgar a una psiquiatra, no habiendo ella incurrido en lo que oficialmente se considera: “mala praxis”, constituyó un caso de: “estado que se juzga a sí mismo”, ya que el estado es el que le concede poder parajudicial a los psiquiatras; tal juzgamiento, pocos años atrás, parecía imposible, como así también lo parecía el que los perpetradores del genocidio realizado por el estado argentino en el periodo de la última dictadura (1976-1983), cuya finalidad era la eliminación de toda posible oposición a los intereses económicos, culturales e ideológicos de las clases dominantes, fueran juzgados, sin embargo, así se hizo, y no ocurrieron los juzgamientos sólo en el ámbito de las cortes internacionales, ¡sino también en el ámbito judicial local!, y es por eso que la serie de juicios contra los psiquiatras que a finales de los años 2020, en el país se iniciaron, fue ni más ni menos que una continuación de esos juicios por crímenes de lesa humanidad que, aunque con marchas atrás e interrupciones, se materializaron.

   Una vez iniciado el juicio contra la psiquiatra cuyo nombre era Soledad Aguzzina, la abogada Victoria Sáez Carrera, representante de víctimas de la psiquiatría y de sus familiares, cuyos denominadores comunes eran no sólo el haber sido dañadas por la psiquiatría, sino también, el de ser ex combatientes de Malvinas e hijos de ex combatientes, expuso en su alegato, muchas cosas; explicó que entre los ya mencionados ex combatientes, hay un número de personas muertas por suicidio, altísimo (también incluso, entre sus hijos), y que en todos los casos que investigó, los mismos se produjeron durante el primer semestre de ellos haber iniciado un tratamiento psiquiátrico; se refirió en particular al primer caso por el que imputó a la psiquiatra Aguzzina, que fue directora de un neuropsiquiátrico en el cual, durante su periodo, varias personas privadas de su libertad, se suicidaron; el caso en cuestión (que para la causa sería emblemático), era el del ex combatiente Rafael Palau, de 34 años, que, en el año 1998, en circunstancias en que se encontraba recluido en el manicomio dirigido por la ya mencionada psiquiatra, se suicidó; también hubo en ese neuropsiquiátrico (como en todos los demás), casos de muertes por disfunciones multiorgánicas que falazmente los psiquiatras atribuyeron en sus causas a problemas en los reclusos, preexistentes; la doctora Sáez Carrera intentaría demostrar que los mismos (y por consiguiente, las muertes) fueron resultantes del tratamiento psiquiátrico.

   Si bien se imputó a otros psiquiatras que "trabajaban" en el neuropsiquiátrico dirigido por la doctora Aguzzina, también a psicólogos, a asistentes sociales y hasta a jueces, a todos ellos los protegió una especie de "ley de obediencia debida" que resultó en que a ninguno se le dictara el procesamiento, pero sí a la psiquiatra Aguzzina, por considerársela máxima responsable de los hechos ya referidos.

   En el contexto de su alegato, tras un largo preámbulo en el que explicó por qué la psiquiatría no es científica según el criterio oficial de qué es ciencia y qué no lo es, y que aun si lo fuera, por las consecuencias terribles de la misma en las personas a las que se les aplica, que no son sólo el empeoramiento de su salud física y psíquica, sino también, la quita de derechos humanos por parte del estado tras un diagnóstico psiquiátrico (derechos que el estado, hipócritamente denomina: “inalienables”), debería ser considerada una amenaza para la salud pública, además de una amenaza para dichos inalienables derechos, la doctora Sáez Carrera, dijo:

   -Uno de los querellantes, familiar de una víctima fatal de la psiquiatría que me tiene a mí por representante legal, me dijo: “Hablar con gente que está a favor de la psiquiatría, es como hablar con milicos de la última dictadura; ante la recriminación que se les realice por haber secuestrado, torturado, violado y/o matado, aludiendo a sus víctimas, invariablemente dicen cosas de tipo: “Pero eran terroristas. Ponían bombas.” Y la respuesta obvia por darle a quien a dicho accionar reivindica, es: “No importa lo que una persona haya hecho. NUNCA debe ser torturada, violada ni asesinada”, y en esto que me dijo, tuvo toda la razón; además me expresó que: “...hubo muchísima gente por los milicos tratada de los modos ya referidos, que no tenía absolutamente nada que ver con actividades terroristas, sin embargo, según el criterio ultraderechista, SIEMPRE era terrorista la gente por ellos, reprimida, y en el caso de la psiquiatría se da exactamente lo mismo, ya que quienes la defienden, justifican al tratamiento involuntario (es decir, JUSTIFICAN A LA TORTURA), diciendo que aquellos a quienes se les aplica, están "enfermos", pero aun si la “enfermedad mental” fuera una realidad, y no la ficción que es, la condición en alguien de "enfermo", no debería justificar que se lo prive de todo derecho, y esto es lo que a través de la psiquiatría, se hace.”;… Yo coincido con todo esto, ya que es totalmente cierto; cuando alguien es considerado “mentalmente enfermo”, el estado le da atribuciones a los psiquiatras para forzarlo a la drogadicción y hasta para infligirle descargas eléctricas a la cabeza, o sea, el estado, por su supuesto “bien”, habilita que aun contra su voluntad, a una persona se la picanee farmacológica y hasta eléctricamente, lo cual, es terrible aunque a la misma esto no le cause la muerte, pero ocurre que estas prácticas aberrantes, habitualmente terminan con la vida de aquellos a quienes se les inflige, y al igual que ocurre en lo recién expuesto en el paralelismo entre la represión de los militares durante la última dictadura y el accionar psiquiátrico, en el caso de la psiquiatría también está la cuestión de que, de entre todos aquellos etiquetados por los psiquiatras como “enfermos”, la mayoría tiene formas de ser, comunes entre casi todas las personas consideradas “normales” y totalmente adaptadas al sistema, que hacen absurdo al hecho de que se las clasifique como “enfermas”; está más que claro para nosotros, que la hiperpatologización realizada por los psiquiatras de las formas cotidianas y generales de ser, de pensar y de sentir, responde en gran medida a intereses económicos de una de las industrias más poderosas del mundo: la farmacéutica, ya que al etiquetar a tendencias propias de todas las personas como “enfermizas”, su negocio se ve beneficiado, dado que a mayor número de enfermedades, mayor venta de medicamentos; por supuesto que todo esto, para un oficialista de la psiquiatría, es parte de un conspiracionismo que nos hace a quienes lo difundimos, merecedores de llevar etiquetas psiquiátricas, ya que para alguien así, el cuestionamiento mismo a la psiquiatría hace del cuestionador, un caso psiquiátrico; parece ser que el que está bien de la cabeza y es educado e inteligente, nunca cuestiona a los diplomados en ciencias. Nunca los critica, nunca compara versiones... básicamente: NUNCA PIENSA, ya que NO CUESTIONAR EQUIVALE A NO PENSAR, y esa delegación del no diplomado en ciencias, de la acción de pensar en quienes sí están diplomados, parece ser constitutivo de salubridad mental, de posesión de cultura e inteligencia… En fin;... a ese grado de descomposición moral e intelectual, hemos llegado, ya que esto tan absurdo, es aceptado por la generalidad de las personas, y sólo nos será posible recomponernos, mediante la oposición a disciplinas como la psiquiatría, cuyo poder coercitivo NO DEBE TOLERARSE MÁS.

   Y tras algunos segundos en que la doctora Sáez Carrera hizo una pausa para tomar agua, prosiguió con su alegato.

   -Lo más importante del fallo judicial que de modo inédito condenó al psiquiatra Togliavita, reside en que la condena no fue por él haber incurrido en mala praxis, o sea, no fue condenado por haber actuado contrariamente a lo establecido por el protocolo psiquiátrico vigente, sino que se lo condenó por haber actuado de acuerdo al mismo, es decir, el tribunal que lo juzgó y condenó a prisión, resolvió que (y cito): “...un tratamiento psiquiátrico correctamente realizado, es altamente perjudicial para la salud tanto física como psíquica de la persona a la que se le aplica”; esto resulta en que además de al mencionado psiquiatra, el tribunal haya indirectamente condenado al mismísimo sistema psiquiátrico, y espero que acá se haga lo mismo, dado que hacer justicia, en este caso sólo puede implicar condenar a la psiquiatría, representada en esta oportunidad, por la doctora imputada, Soledad Aguzzina, por ella haber incurrido en delitos que, de actos legales, tuvieron solamente una apariencia de superficie, ya que en el fondo, su accionar abyecto ha estado desde el inicio constituido por delitos de los más aberrantes que, por ser tales, son CONTRA LA HUMANIDAD TODA, y ahora mismo paso a fundamentar esta posición:… ...Como es de público conocimiento: entre los ex combatientes argentinos de la guerra de Malvinas, hay un número de muertos por suicidio, mayor al número de muertos entre ellos por el enemigo, en el curso de dicha guerra, y no sólo eso, sino que además, hay un número muy alto de suicidios entre sus hijos… En una lectura superficial, sin perspectiva antipsiquiátrica y con una perspectiva contraria, que es la psiquiátrica y la psicológica (y tal lectura es la oficial), tales suicidios ocurrieron por causa del estrés postraumático que, por heredarse transgeneracionalmente, alcanza también a las familias de los afectados, pero tras yo analizar una multiplicidad de estos casos al azar, les puedo asegurar que, por todos estos suicidios haberse dado en el semestre posterior al inicio de tratamientos psiquiátricos, la causa de los mismos está en dichos tratamientos. Es decir, los suicidios se dieron por el empeoramiento del estado físico y psíquico provocado por los psicofármacos que estas personas consumieron por prescripción médica y en muchos casos, hasta de manera forzada, ya que, como ya expresé, el estado, por su supuesto bien, le impone a las personas, tratamientos psiquiátricos que producen un malestar tan insoportable, que las lleva a querer quitarse la vida con el objetivo de no sufrir más; otras personas psiquiatrizadas se suicidan porque abruptamente dejan de tomar psicodrogas al advertir que lo único que les hacen, es daño, y como desarrollaron adicción a las mismas, se encuentran con un síndrome de abstinencia que les provoca un sufrimiento tremendo, que las hace desear morirse, y otras  personas psiquiatrizadas que también advierten que por culpa de los fármacos se sienten cada vez peor, y por ese motivo, pretenden dejar de tomarlos, se encuentran con la oposición total a eso por parte de su entorno familiar que ciegamente cree en la validez absoluta de la palabra del supuesto profesional de la salud que dispuso el tratamiento (el psiquiatra), e incluso, con la imposibilidad legal de dejarlos por haber una orden judicial que los condenó a la drogadicción; cuando esto último se da, para escapar a la tortura psiquiátrica, hay solamente dos cosas posibles por hacer: una es la de irse para siempre del lugar en que se resida y romper todo lazo con amigos, familiares y conocidos (ya que de no hacerse esto, los mismos pueden llegar a entregarlo a uno a los torturadores), y otra es la de suicidarse.

   Y tras hacer una nueva pausa de algunos segundos, la abogada continuó con su alegato.

   -Por estar la psiquiatría investida de facultades parajudiciales otorgadas por el estado y, por ser entonces, el estado, CULPABLE del accionar arbitrario e ilegal que la misma desarrolla que, por estar conformado por privaciones de la libertad SIN DEBIDOS PROCESOS PREVIOS a personas que en la gran mayoría de los casos no han cometido delitos ni han sido siquiera acusadas de haberlos cometido, y por TORTURAS, ya que la drogadicción y las descargas eléctricas a la cabeza, cuando les son aplicadas a alguien contra su voluntad, constituyen TORTURAS, sumado al hecho de que estas prácticas represivas se han diseñado para ser aplicadas de modo SISTEMÁTICO y GENERALIZADO contra un colectivo civil que, en consideración de las autoridades de turno, esté “enfermo”, aunque, como ya expresé, sus integrantes no hayan cometido delitos ni se hayan presentado pruebas médicas de sus supuestas enfermedades, es que puede con todo fundamento decirse, que la psiquiatría es un instrumento que el estado utiliza para hacer pasar por tratamiento médico a lo que no es otra cosa que una acción punitiva y arbitraria contra las personas, y cuando el estado se organiza para atacar a un colectivo humano civil de modo programado, sistematizado y generalizado, está incurriendo ni más ni menos que en DELITOS DE LESA HUMANIDAD. Por todo esto es que, sin exagerar, los tratamientos psiquiátricos constituyen delitos contra la humanidad en su conjunto, y como tales deben ser clasificados, así como también, juzgados y condenados, sus perpetradores.

   A todo esto, la represora matriculada, Soledad Aguzzina, evidenciaba una gran hipocresía con su mirada de inocencia y desconcierto ante aquello que escuchaba, y un gran nerviosismo y ansiedad, con el temblor de sus manos y labios, lo cual a su vez daba cuenta del consumo de benzodiacepinas y antipsicóticos en que había incurrido, ya que más que por la situación en curso, su nerviosismo y ansiedad, así como los síntomas parkinsonianos que estaba sufriendo, se debían justamente a los venenos por ella consumidos que, no obstante ella misma estar padeciendo sus efectos, seguiría defendiendo y justificando en su suministro a las personas (incluso de modo coercitivo), hasta el final, así como la mayoría de los militares perpetradores de genocidios, defiende y justifica hasta el final, a su accionar indefendible e injustificable.

   Tras una nueva pausa de varios segundos, la doctora Victoria Sáez Carrera, se dispuso a iniciar la parte final de su alegato, alegato que, por motivos de espacio, en este texto no se presenta en su totalidad.

   -La aceptación de la validez de la psiquiatría, nos genera un problema moral, tremendo, ya que la misma es parte de un aparato disciplinario y represor, basado en la idea absurda, aceptada por los derechistas (y no sólo por ellos), según la cual, quien se porta “mal”, puede ser llevado a portarse "bien", por medio de la “mano dura”, y en realidad, todo demuestra que uno aprende a tratar a los demás, en gran medida a partir de cómo es tratado, por lo cual, quien es tratado mal, tiene muchas más posibilidades de tratar mal a otros, que si es tratado bien, por consiguiente, la “mano dura”, lejos de mejorar la conducta de alguien, la empeora. No obstante la enorme cantidad de evidencia que prueba esto, basta con que aparezca un caso policial famoso, para que la "mano dura" de los psiquiatras, sea legitimada y hasta reclamada por la población, ya que tras el mismo, los psiquiatras son siempre entrevistados en todos los medios y dan su versión de por qué tal hecho violento, se dio, y por qué podría haberse evitado de haber habido una intervención psiquiátrica a tiempo (en esta versión justificadora de su tratamiento constitutivo de “mano dura”, la mayoría de la gente, inentendiblemente creerá), ya que según la visión psiquiátrica, absolutamente todo mal individual y social, procede de la falta de psiquiatrización, ya que la misma (supuestamente) anula toda tendencia humana negativa;... El nerviosismo es, según los psiquiatras, tratable de modo efectivo con medicación psiquiátrica, como así también, la tristeza, el enojo, la ira, la angustia, la frustración, la agresividad, la timidez, la falta de autoestima, etc., etc., etc., por lo cual, según el criterio de los psiquiatras, si el 100 por ciento de la población mundial estuviera bajo tratamiento psiquiátrico, el mundo sería perfecto, ya que la gente viviría sin nunca ponerse nerviosa, sin nunca deprimirse, sin nunca enojarse, sin nunca ponerse irascible, sin nunca angustiarse, sin nunca frustrarse, sin nunca violentarse, sin nunca inhibirse, sin nunca sentirse mal consigo misma y sin tampoco ponerse nunca demasiado contenta, porque eso constituiría una euforia que también es, según la psiquiatría, algo patológico, y la salud, según la psiquiatría, es el equilibrio absoluto, cuando en realidad, la inestabilidad emocional, conductual e ideológica, es parte de la condición humana que, como tal, necesariamente se da EN TODO SER HUMANO VIVO Y SANO, y no estoy exagerando en absoluto en el cuadro que presento del criterio psiquiátrico, dado que literalmente, ante el malestar en las personas de la especie que sea, el psiquiatra SIEMPRE cree que su intervención es necesaria, imprescindible y benéfica, y la realidad es que NUNCA lo es; la intervención psiquiátrica es SIEMPRE innecesaria, SIEMPRE prescindible y SIEMPRE CRIMINAL, y muy rara vez, este accionar psiquiátrico, cuya intención es la de automatizar, robotizar y, en una palabra: DESHUMANIZAR a las personas, es castigado, y esta falta de castigo constituye una ENORME INJUSTICIA… En conclusión, señores jueces: les pido que la doctora Soledad Aguzzina, sea condenada a la pena máxima por haber incurrido en la comisión de DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

… … ...

   En el curso del juicio, declararon casi 50 testigos; entre ellos estuvieron familiares y amigos de la víctima fatal de la psiquiatría ya mencionada (el ex combatiente Rafael Palau), como así también, otros ex combatientes víctimas sobrevivientes de dicha disciplina y de la acusada, médicos clínicos críticos de la psiquiatría, psicólogos también críticos de ella y hasta psiquiatras, que aun siendo defensores de la visión oficial de su profesión, hablaron en contra del accionar de la doctora Aguzzina, atribuyéndole todo tipo de faltas en su desempeño profesional, constitutivas de mala praxis, con la clara intención de salvaguardar la integridad de la psiquiatría, lo cual derivó en una enemistad con otros colegas de la psiquiatra que declararon a favor de ella, ya que con eso, defendían a su propio accionar; no obstante la defensa realizada por varios de sus colegas, por su abogado y por ella misma (al autodefenderse se limitó a decir de múltiples maneras que: "no había hecho nada malo" y que, por el contrario, había siempre trabajado en favor de la salud de los "pacientes"), la psiquiatra acusada fue condenada a cadena perpetua por haber incurrido en una actividad constitutiva de delitos de lesa humanidad.

   Esta condena, única en el mundo hasta ese momento (*), se dio (o se dará, mejor dicho) allá por mediados del año 2031; la misma fue un paso más en el camino conducente a la abolición total de la psiquiatría coercitiva.

(*) El psiquiatra Togliavita ya había sido condenado pero por delitos comunes, no de lesa humanidad.